Como organizaciones con un firme compromiso con la justicia por los crímenes graves internacionales, instamos a al presidente de Estados Unidos, Joe Biden a que se oponga a las amenazas y acciones punitivas contra la Corte Penal Internacional (CPI) que varios legisladores estadounidenses han hecho recientemente. Actuar en respuesta a estos llamados perjudica gravemente a los intereses de todas las víctimas a nivel mundial y a la capacidad del gobierno de Estados Unidos para defender los derechos humanos y la justicia, que son prioridades declaradas de su administración.
La rendición de cuentas es importante por sí misma y protege contra la comisión de futuros crímenes atroces. Actuando desde su jurisdicción y dentro de su mandato como tribunal de última instancia, la CPI trabaja junto con las autoridades nacionales para garantizar que los perpetradores de tales crímenes sean juzgados y que las víctimas y las comunidades afectadas encuentren algún grado de justicia. Pese a que Estados Unidos no es un país miembro de la CPI, las administraciones republicanas y demócratas han apoyado a la Corte en casos específicos, y Estados Unidos ha ayudado en operaciones de arresto para hacer justicia a las víctimas en África central. Su propia administración ha reconocido el papel esencial de la Corte para abordar los crímenes graves en Ucrania y Darfur.
Estamos alarmados por las amenazas que las y los legisladores estadounidenses han dirigido a la Corte en las últimas semanas, incluida la carta enviada el 24 de abril por los senadores, amenazando con sancionar a los “empleados y asociados” del fiscal de la CPI, si se tomaban medidas para ejecutar las órdenes de arresto en contra de funcionarios israelíes.
Para descargar la carta completa en inglés y conocer todos los detalles de esta importante solicitud, haz clic aquí.
