“La guerra contra la droga ha fracasado. La estrategia de enfocarse en los líderes criminales (kingpin) ha generado efectos perversos. Las órdenes de “abatir a los delincuentes en horas de oscuridad” fueron ilegales y violatorias de derechos humanos. La estrategia de “abrazos no balazos” ha resultado en aún más muertos y desaparecidos.
La fuerza de las organizaciones criminales depende directamente del nivel de protección política que logran comprar. La estrategia de seguridad propuesta por el gobierno actual sólo tendrá éxito si las investigaciones abordan tanto los líderes del crimen organizado como los máximos responsables de las redes políticas que los protegen.
Por esta razón, el CICA publica hoy las listas de las autoridades en funciones en los momentos claves del caso Rancho Izaguirre, buscando arrojar luz sobre posibles responsabilidades.”
Ina Zoon, Directora CICA
Una mirada estructural al caso Rancho Izaguirre
La investigación efectiva de graves violaciones a los derechos humanos exige una mirada estructural que trascienda la identificación de los autores materiales y permita desarticular las redes institucionales y políticas que, por acción, omisión o aquiescencia, facilitan o toleran su comisión. En el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009), la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la falta de investigaciones diligentes y la ausencia de sanciones generaron un entorno de impunidad estructural que permitió la reproducción sistemática de la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez. La Corte subrayó que esta impunidad no es solo consecuencia de deficiencias técnicas, sino de patrones institucionales de inacción que pueden implicar responsabilidad estatal. A su vez, en el caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia (2005), la Corte responsabilizó al Estado por la colaboración de agentes militares con actores armados ilegales, destacando cómo la permisividad o colusión de autoridades con estructuras criminales configura una violación directa a los derechos protegidos por la Convención Americana. Ambos casos evidencian la necesidad de indagar las posibles redes de protección política e institucional que permiten que estos crímenes ocurran y queden impunes.
En este marco, en el caso Rancho Izaguirre, desde CICA consideramos indispensable ampliar la mirada investigativa para incluir no solo a los presuntos responsables directos, sino también a las estructuras de poder que pudieron haber facilitado, encubierto o permitido los hechos.
Por ello, hoy publicamos un mapeo institucional con las autoridades que ocuparon cargos clave en cada uno de los momentos relevantes del caso —desde presidencias municipales hasta la jefatura del Estado—, con el fin de aportar elementos para una investigación integral y conforme a los más altos estándares internacionales. Esta información busca contribuir al esclarecimiento de posibles redes de protección que hayan obstaculizado la justicia o perpetuado la impunidad.
