Equipo de Investigación del CICA

14 de mayo de 2025

Disclaimer

La información presentada ha sido recopilada exclusivamente de fuentes públicas y oficiales disponibles. CICA utiliza técnicas avanzadas de minería de datos (data mining) para analizar y procesar miles de registros relacionados con los candidatos, con el fin de obtener perspectivas  y proyecciones basadas en patrones estadísticos.

Los resultados y análisis proporcionados reflejan estimaciones probabilísticas derivadas de modelos de datos y no constituyen afirmaciones definitivas o garantizadas. CICA no se hace responsable por el uso o interpretación de esta información, la cual está sujeta a cambios según la disponibilidad y actualización de los datos de origen.

Introducción

El próximo 1 de junio de 2025, México atravesará un proceso inédito para la división de poderes y el ejercicio de la democracia directa –entendida como la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes mediante el voto directo–, ya que serán elegidos 881 cargos de dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces. Desde el inicio de la campaña los candidatos han variado, hasta la actual cifra del 15 de mayo de 2024, cuando se tenía un registro de 3,414 candidatos a disputarse alguno de los cargos que se elegirán para el PJF¹.

En este contexto, entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2025, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), se dio a la tarea de investigar 340 contratos públicos asignados en los últimos nueve años (2015-2024) por más de $106.02 millones de pesos (MXN) (106,027,086.40 MXN) de nombres similares a 91 candidatos a cargos en el PJF.

Cómo se abordará más adelante en la metodología, una vez que se compararon los identificadores únicos de los candidatos (Registros Federales de Contribuyentes, fechas de nacimiento, cédulas profesionales, etc.), con los identificadores únicos de los titulares de los contratos, la lista de contratos públicos pasó a ser de 136 asignados entre 2018 al 2024 a 36 candidatos (todas personas físicas, pero una de ellas es propietaria de una empresas que también aparece como ganadora de contratos) por $29,767,899.30 MXN.

La lista completa de la base de datos puede consultarse en el siguiente link https://archive.org/details/inai-pnt-14-mayo-2025.

	Primera Revision	Validación
Número de contratos identificados	340 contratos	136 contratos
Monto total	106,027,086.40 MXN	$29,767,899.30
Periodo de adjudicación	2015-2024	2018-2024
Número de personas con nombressimilares a los candidatos a cargos judiciales federales	91 personas	—
Número de personas candidatas a las elecciones judiciales federales después de la validación	—	36 candidatos

Hallazgos Algunos de los hallazgos más sobresalientes son los siguientes:

• Del total de contratos analizados, el 92.1 % (129 contratos) por un monto superior a $21.3 millones MXN se asignaron a 35 candidatos mediante el procedimiento de adjudicación directa. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la adjudicación directa aumenta la discrecionalidad y afecta la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, hasta el punto que pueden generarse episodios de corrupción entre actores públicos y privados³.
• Los 14 aspirantes a jueces concentraron la mayor parte del gasto público con 69 contratos por $23.7 millones MXN, pese a representar solo el 38.9 % de los candidatos. En contraste, 17 candidatos que buscan una magistratura agrupan el mayor número de personas contratadas (47.2%), con 51 contratos por poco más de $5.5 millones MXN. Los cinco candidatos a ministros de la SCJN suman apenas $519.5 mil MXN en contratos. Este patrón sugiere una distribución desigual: los aspirantes a jueces recibieron la mayor cantidad de recursos económicos y de contratos.
• 16 dependencias federales y organismos autónomos concentraron el 73.88% del gasto total (por más de $21.9 millones MXN) y el 67.6% de los contratos confirmados (92 contratos) otorgados a 21 candidatos. En la Ciudad de México, tres instituciones otorgaron más de $2.4 millones a tres aspirantes, convirtiéndola en la segunda entidad con mayor erogación de recursos públicos. En Nuevo León, una sola institución entregó siete contratos por $717 mil MXN a un único candidato. En Nayarit, tres instituciones canalizaron más de $1.3 millones a una sola persona: Noé Munguía Patricio, de quien se abordará su caso más adelante.
• El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR)⁴, fue la institución con más contratos asignados: otorgó 36 contratos a siete candidatos entre 2018 y 2024, por un monto total superior a $729 mil MXN. La totalidad de los contratos está vinculada a actividades académicas, principalmente la impartición de clases, y la persona que más contratos recibió en esta institución es César Enrique Olmedo Piña, socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela, con 10 contratos para impartir clases entre agosto de 2018 y abril de 2024 que compite por un cargo de ministro en la SCJN⁵.
• Tres personas que buscan ocupar cargos en el Poder Judicial federal (Noe Munguía Patricio, Rafael Gutiérrez Guzmán y Patricia Sandra Vázquez Padilla) acaparan el 64.2% del total de dinero adjudicado (aproximadamente $19.2 millones MXN). La concentración de las contrataciones con recursos publicos en pocos actores no sólo plantea riesgos de inequidad en la contienda electoral, ya que dota a ciertos aspirantes de ventajas financieras y políticas relevantes frente al resto de candidatos. Ademas, los tres aspirantes detectados están relacionados con las Fuerzas Armadas de México, Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
• Noé Munguía Patricio es el candidato con más contratos públicos confirmados: 20 contratos por más de $10 millones MXN para servicios de vigilancia y limpieza en ocho instituciones federales y del estado de Nayarit, casi todos por adjudicación directa. Según su currículum, se retiró de la SEDENA en 2014 como capitán⁶. Munguía es representante y accionista de la empresa Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional, S. de R.L. de C.V. Esta empresa, entre 2018 y 2021, firmó tres contratos antes de su constitución legal en 2022⁷. En total, el capitán Munguía tiene registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia 221 contratos por $84.4 millones de pesos, 203 de ellos con instituciones federales.

Retos Metodologicos: La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)⁸ y la inoperancia de CompraNet⁹, han derivado en un estado crítico de desactualización a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que es la encargada de vigilar el sistema de contrataciones públicas del país. Así, existen enlaces rotos, formatos ilegibles y datos esenciales ausentes en los contratos públicos analizados que tienen como resultado la detección de al menos 12 contratos duplicados. La falta de registros confiables obstaculiza la identificación de conflictos de interés y debilita gravemente la capacidad de fiscalización ciudadana, generando condiciones propicias para la discrecionalidad, el encubrimiento y la corrupción en la asignación de recursos públicos.

Metodología

La metodología para localizar candidatos que compiten a ocupar un cargo en el Poder Judicial Federal se basó en revisar los currículums vitae que entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y que están alojados en el sitio web CONÓCELES¹⁰. Ahí se localizaron identificadores únicos como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la fecha y lugar de nacimiento o el número de cédula profesional. No siempre los candidatos capturaron esta información —algunos candidatos crearon páginas web para la elección en las cuales se pudo ubicar información personal parcial—. Cuando estos identificadores no aparecían, se revisó la trayectoria académica y laboral de los postulantes para reconocer los puestos más representativos en su carrera profesional.

Posteriormente, se realizaron consultas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con los nombres de los candidatos que competirán por un cargo en el Poder Judicial Federal. De esta forma, se obtuvieron 340 contratos públicos asignados en los últimos nueve años (enero de 2015 a agosto de 2024) por un monto total de más de $106.02 millones MXN vinculados a 91 nombres de personas. La lista completa de la base de datos puede consultarse en el siguiente link¹¹.

Una vez que estos pasos estuvieron completados, un tercer momento se basó en comparar los identificadores únicos de las personas que son candidatos y los nombres de las personas que aparecen como titulares de los contratos, como RFC´s, número de credencial de elector, número de cuenta bancaria, la fecha de nacimiento o el lugar de residencia del titular del contrato. Al comparar datos se localizaron algunas inconsistencias como discrepancias entre los nombres registrados en los contratos y los reportados en el sitio del INE; coincidencias de nombre, pero diferencias en el año de nacimiento; registros de servicios prestados que no guardan relación con las actividades profesionales descritas en los currículums, entre otros.

Una vez que se descartaron inconsistencias se pudo corroborar que entre 2018 al 2024 fueron otorgados 136 contratos públicos por $29,767,899.30 MXN a 36 candidatos que competirán el 1 de junio de 2025 por un cargo como a cargos de ministros de la SCJN, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces en la próxima elección del Poder Judicial de la Federación (ver Gráfica 1).

Gráfica 1 – Contratos analizados, confirmados y descartados

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

Es importante mencionar que la elección del Poder Judicial ocurre en un momento en donde están desapareciendo los organismos autónomos encargados de registrar las compras públicas de bienes y servicios de la administración pública de México, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)¹² y el sistema Compranet¹³. Esta reestructuración ha dejado desactualizada la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mientras que las nuevas instituciones llamadas a sustituirla aún no están plenamente operativas.

En este contexto, los resultados del análisis son especialmente relevantes, ya que revelan que la elección del Poder Judicial se desarrolla en un entorno marcado por la opacidad y el debilitamiento de los mecanismos institucionales de transparencia en México. La falta de actualización de los sistemas de información pública tiene dos consecuencias directas sobre nuestro análisis: a) varios hipervínculos de los contratos analizados están rotos, situación que imposibilita el acceso a los documentos originales para comparar datos, y b) se detectaron 12 contratos posiblemente duplicados, presumiblemente porque las dependencias reportan la misma adjudicación en distintos trimestres.

Los vacíos de información identificados no podrán ser subsanados antes del 1 de junio de 2025, situación impone importantes desafíos para organizaciones como el CICA que buscan fiscalizar la asignación de recursos públicos a quienes aspiran a cargos clave en el sistema judicial. La falta de registros sistematizados no solo entorpece la identificación de posibles conflictos de interés entre candidatos, también configura un escenario propicio para el surgimiento de flujos financieros ilícitos y episodios de corrupción público-privada. Estos desequilibrios podrían generar ventajas económicas, logísticas y políticas para ciertos contendientes, erosionando la confianza ciudadana en la imparcialidad del proceso y abriendo la puerta a la captura del Poder Judicial por actores con intereses económicos o políticos particulares.

1. Análisis general de los contratos

Entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 2025 el CICA analizó 136 contratos públicos otorgados entre enero de 2018 a agosto de 2024, por un monto acumulado de más de $29.7 millones MXN, a 36 candidatos que competirán el 1 de junio de 2025 por un cargo en el Poder Judicial de la Federación.

De los contratos confirmados, 14 aspirantes a jueces reúnen 69 contratos por $23.7 millones, representando la mayor proporción de recursos asignados (38.9 % de los candidatos, pero casi 80 % del gasto). 17 candidatos que aspiran a una magistratura (16 al cargo de Magistrado de Circuito y uno a la Sala Superior del Tribunal Electoral) concentran

51 contratos por más de $5.5 millones MXN millones de pesos (47.2 % del total de candidatos). Finalmente, cinco candidatos a ministros de la SCJN concentran contratos por apenas $519,500 pesos, equivalentes al 13.9 % de los candidatos, pero con el menor volumen de recursos adjudicados. El patrón anterior revela que los candidatos a jueces fueron los más beneficiados en términos presupuestales, mientras que las magistraturas concentran el mayor número de personas con contratos.

Gráfica 2 – Candidatos que compiten por un cargo en el PJF con contratos públicos asignados

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

Tipo de adjudicaciones

El análisis en la forma de asignación de los 136 contratos analizados muestra un patrón de baja competencia que podría vulnerar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y demás normatividad aplicables. Del total de contratos analizados, el 92.1% (129 de los contratos), por un monto superior a $21.3 millones MXN, asignados a 35 candidatos, se realizó mediante adjudicación directa. Solo dos contratos (1.4%), por más de $1.3 millones MXN, se otorgaron mediante invitación restringida a un proveedor. Otros dos, por $261.8 mil MXN, aparecen registrados bajo “otra modalidad” y fueron asignados a dos proveedores. En contraste, apenas tres contratos, por $6.86 millones MXN, fueron adjudicados mediante licitación pública a un sólo proveedor (Noe Munguía Patricio, del que se hablará más adelante)¹⁴.

Las adjudicaciones directas y la invitación restringida a cuando menos tres proveedores están contempladas como mecanismos de adjudicación en el marco normativo mexicano, sin embargo, su uso sólo está justificado en algunas de las siguientes situaciones: a) existencia de un único proveedor; b) urgencia derivada de caso fortuito o fuerza mayor que altere el orden social; c) fines exclusivamente militares, riego en la seguridad nacional o pública; d) uso de bienes perecederos; e) existencia de un contrato marco autoriza expresamente su uso para garantizar las mejores condiciones técnicas y financieras, otras¹⁵.

Gráfica 3 – Contratos confirmados por tipo de asignación

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

La legislación también prevé la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones pero mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores¹⁶. Se detectaron 113 contratos relacionados con este tipo de servicios, por más de $19.8 millones MXN asignados a 32 candidatos. El 99.1% (112 contratos) se asignaron por adjudicación directa¹⁷.

El uso excesivo de la adjudicación directa como práctica para asignar contratos vulnera los principios de competencia establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)¹⁸. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en México los mecanismos de adjudicación directa e invitación restringida comprometen la imparcialidad de los procesos de contratación, incrementan la discrecionalidad, reducen la competencia y afectan la objetividad en el uso de los recursos públicos¹⁹. De esta forma, el uso de la adjudicación directa y la invitación restringida puede dar paso a episodios de corrupción entre actores públicos y privados, así como facilitar la generación de flujos financieros ilícitos, es decir, recursos económicos que no se utilizan ni se registran conforme a los canales legales establecidos.

En el contexto de la elección judicial de junio de 2025, la eliminación de órganos autónomos como el INAI, los problemas técnicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el aumento en el uso de mecanismos de adjudicación directa favorecen la opacidad y pueden llegar a generar ventajas económicas, logísticas y políticas de algunos candidatos sobre otros. Además de que también, ante la ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, se debilita la confianza ciudadana en la eficacia institucional que velerá de la imparcialidad de la próxima elección del Poder Judicial.

2. Contrataciones por año de asignación e instituciones

Cuando se analiza la distribución de los 136 contratos públicos asignados a algún aspirante a cargos en el Poder Judicial, el año 2021 concentra el mayor número de adjudicaciones: 15 aspirantes recibieron 32 contratos públicos, que representan el 23.5 % del total, por un monto acumulado de $3.70 millones MXN, equivalente al 12.29 % del valor total contratado.

Sin embargo, el mayor volumen de recursos públicos se asignó en 2024 – el ultimo año de la previa administración federal-, con 22 contratos adjudicados a 12 candidatos por más de $8.008 millones MXN, lo que representa el 26.69 % del total. En 2023, 14 aspirantes recibieron 21 contratos por $5.19 millones (17.29 % del total), y en 2022 se otorgaron 16 contratos por $4.89 millones (16.30 %). Estos datos sugieren que, aunque 2021 fue el año con más adjudicaciones, la intensidad del gasto público comenzó a aumentar significativamente a partir de 2022, hasta alcanzar su punto máximo en 2024.

Gráfica 4 – Contratos y cantidades por año en millones MXN, 2018-2024

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

El análisis por tipo de institución muestra que las dependencias federales y los organismos autónomos con presencia nacional,16 instituciones, concentran la mayor parte de la contratación pública estudiada. En total, estas entidades adjudicaron 92 contratos a 21 candidatos, por un monto superior a los $21.9 millones MXN asignados a 21 candidatos. Las cifras corresponden al 73.88% de los recursos erogados y 67.6% de los contratos analizados (total analizados 136).

En el ámbito local, tres instituciones de la Ciudad de México otorgaron 11 contratos a tres aspirantes a cargos en el poder judicial por más de $2.4 millones MXN. Aunque esta cifra representa apenas el 8.1 % del total de contratos (136 contratos), concentra el 8.3 % del gasto vinculado al universo examinado (más de $29.7 millones MXN) lo que posiciona a la capital del país como la segunda entidad con mayor erogación de recursos públicos después de la federación.
En Nuevo León, una sola institución asignó siete contratos a un mismo candidato por más de $717 mil MXN. Si bien el dinero asignado constituye el 2.4 % de los recursos desembolsados, representa la tercera mayor asignación de contratos al concentrar el 5.1 % del total analizado.

Tres instituciones de Nayarit otorgaron cuatro contratos por más de $1.3 millones a un sólo candidato. Las cifras equivalentes al 2.9 % de los contratos y al 4.6 % de los recursos. Finalmente, en el Estado de México se identificaron cuatro contratos asignados por tres instituciones a tres candidatos, por un valor superior a $1.05 millones MXN. Estos montos representan el 2.9 % de los contratos y el 3.5 % de los recursos examinado, ver más en Gráfica 5.

Gráfica 5 – Instituciones que mayores contratos asignaron y montos

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

Instituciones por nivel

Cuando se desglosa las instituciones que por nivel de cobertura tuvieron más contratos se encuentra que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)²⁰, órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), es la institución pública que asignó más contratos con 36 a siete candidatos por más de $729 mil MXN, entre febrero de 2018 y julio de 2024. Todos los contratos estuvieron basados en impartir clases u otras actividades académicas. El candidato que concentró la mayor cantidad de contratos en esta institución es Cesar Enrique Olmedo Piña, 10 contratos asignados entre agosto de 2018 a abril de 2024, por más de $172 mil MXN. Actualmente, Olmedo Piña contiende por un cargo como ministro de la SCJN, y desde 2011 es socio Despacho Ignacio Burgoa Orihuela²¹.

El Sistema Portuario Nacional (SPN), es un organismo con presencia federal adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)²², esta última es administrada por la Secretaría de Marina (SEMAR)²³. El SPN fue la segunda institución que otorgó 18 contratos entre 2019 y 2024 por un valor conjunto superior a $9.29 millones MXN. Dichas contrataciones se concentraron en las administraciones portuarias de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Progreso, Yucatán. Las dos personas que obtuvieron la mayor parte de contratos en esta institución son Rafael Gutiérrez Guzmán recibió nueve contratos con la ASIPONA Lázaro Cárdenas (marzo 2019–junio 2024) por $5.07 millones MXN; y Patricia Sandra Vázquez Padilla obtuvo seis contratos con la ASIPONA Progreso (agosto 2021– enero 2022) por $4.01 millones MXN.

Ambas personas compiten por cargos judiciales: Gutiérrez Guzmán aspira a una jueza mixta de circuito en Michoacán, y Vázquez Padilla compite por un cargo de una jueza de distrito penal en la Ciudad de México. Las trayectorias de ambos revelan vínculos previos con el sector portuario. Gutiérrez fue coordinador jurídico de la API Lázaro Cárdenas (julio– diciembre 2012)²⁴. Vázquez trabajó como consultora jurídica de la Administración Portuaria Nacional (septiembre 2021–diciembre 2022), coordinando acciones entre la ASIPONA Lázaro Cárdenas y la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la SEMAR. Desde enero 2023 se desempeña como analista técnico‑jurídica de SEMAR²⁵. Estas coincidencias sugieren que las dos personas han interactuado profesionalmente dentro del mismo entorno portuario.

El Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación (Conapred), organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), es la tercera institución con mayor número de contratos asignado. Entre 2019 y 2021, dos candidatos recibieron 11 contratos por un monto superior a los $1.45 millones MXN. Sobresale el nombre de Emilio Román Egea Esquivel, quien concentró 9 contratos por más de $1.19 millones MXN²⁶. Egea Esquivel contiende al cargo de juez de distrito en la Ciudad de México²⁷, y de los contratos que ganó solamente dos se encuentran disponibles en la PNT, los demás los links para consultarlos están rotos28.

Ciudad de México

En la Ciudad de México, tres instituciones asignaron 11 contratos —la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SPBOCIR), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDXM)— igual al 8.1 % del universo total analizado, por un total superior a $2.4 millones MXN a cuatro aspirantes a magistraturas. El mayor contrato fue adjudicado por el TSJCDMX a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz en 2019 por más de $2.1 millones MXN, equivalentes al 87.66 % del gasto contractual identificado en la capital. Pese a su relevancia, dicho contrato no aparece ni en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el portal de obligaciones de transparencia del propio tribunal²⁹, lo que subraya la opacidad en torno a estos procesos de contratación. Gutiérrez Muñoz compite por una magistratura en un Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México³⁰.

Nuevo León

Entre 2020 y 2022, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (antes Comisión Estatal Electoral de Nuevo León) adjudicó siete contratos —por un total de poco más de $717 mil MXN— a Carlos Alejandro Moreno Muñiz, hoy candidato a juez mixto en Coahuila³¹.

Según el currículum que presentó ante el INE, Moreno Muñiz a partir de septiembre de 2023 se integró al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) como coordinador de lo contencioso. Antes, de agosto de 2020 a septiembre de 2023, ocupó una plaza en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEPC‑NL) con sede en Monterrey³².

De forma simultánea, Moreno Muñiz registró nombramientos en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región para el periodo de marzo a mayo de 2023, y en el Juzgado Quinto de Distrito de junio a septiembre de 2023, ambos en Saltillo, Coahuila³³.

Las Condiciones Generales de Trabajo del Consejo de la Judicatura Federal exigen dedicación de tiempo completo a todo su personal y prohíben actividades que menoscaben ese compromiso³⁴. En términos logísticos, la distancia entre Monterrey y Saltillo es de 88 km (aprox. 1 h 15 min en auto), de modo que el traslado diario es factible; no obstante, compaginar dos jornadas presuntamente de tiempo completo resulta difícil sin incurrir en ausencias, conflictos de interés o incumplimientos de carga laboral. De confirmarse la superposición de empleos, tanto el IEC como el Consejo de la Judicatura Federal, Moreno Muñiz podrían abrir procedimientos de responsabilidad administrativa por violaciones al principio de eficiencia y por omisiones en la declaración patrimonial.

Nayarit

Aunque tres instituciones de Nayarit –Secretaría de Administración y Finanzas, Universidad Tecnológica de la Costa y la Universidad Tecnológica de Nayarit, ambas en el estado de Nayarit– otorgaron solamente cuatro contratos públicos por un valor superior a más de $1.3 millones MXN, que en términos reales significan el 2.9 % del valor de las contrataciones observadas y el 4.6 % de los recursos monetarios, el beneficiario de los contratos fue una persona: Noe Munguía Patricio.

Este personaje representa un caso paradigmático de análisis de los candidatos que contienden por un cargo en el Poder Judicial, ya que de acuerdo al currículum vitae que Noe Munguía Patricio entregó al INE en noviembre de 2014 en 2014 se retiró de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) con el cargo de Capitán, Segundo de Infantería³⁵. Cuatro años después (2018) se tituló como abogado por la UNIVER en Tepic Nayarit (Univer)³⁶. Actualmente, Noe Munguía Patricio compite por el cargo de juez en Nayarit (Circuito Judicial 24, Distrito Judicial 1)³⁷.

Entre 2018 a 2024, el CICA localizó que, además de los cuatro contratos en Nayarit, Noe Munguía tiene otros 16 contratos con ocho instituciones del gobierno federal, para sumar un total de 20 contratos públicos por más de $10 millones MXN (10,190,864.06 MXN)³⁸, que lo posicionan como el candidato con mayores contratos públicos investigados.

Tabla 1 – Top 10 de candidatos con mayores montos y contratos confirmados por institución, 2018 a 2024.

Nombre del candidato o contratista	Monto total adjudicado (MXN)	Número de contratos	Entidad otorgante
Noe Munguía Patricio	10,190,864	20	Federación y Nayarit
Rafael Gutiérrez Guzmán	5,072,068	9	Federación
Patricia Sandra Vázquez Padilla	4,016,322	6	Federación
Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz	3,657,220	13	Ciudad de México y Baja California Sur
Emilio Román Egea Esquivel	1,191,059	9	Federación
Mara Irommy Muñoz Galván	930,000	2	Zacatecas

Nombre del candidato o contratista	Monto total adjudicado (MXN)	Número de contratos	Entidad otorgante
Carlos Alejandro Moreno Muñiz	717,003	7	Nuevo León
Jorge Eduardo Crespo Ramírez	438,270	1	Federación
Guillermo Alfonso Casas Colin	407,061	1	Federación
Cristóbal Ricardo Vázquez Sahagún	342,200	1	Federación

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

Todos contratos que el CICA estudio asignados al capitán Munguía fueron otorgados por medio de la asignación directa entre 2021 a 2024, el 75% (15) corresponde a prestar servicios de servicios de vigilancia con más de $9.14 millones MXN. Además, 3 de los contratos presentan problemas: el contrato con la Secretaría de Administración y Finanzas de Nayarit dirige a otro contrato a nombre de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.³⁹. Dos contratos con la Universidad Tecnológica de la Costa de Nayarit no tienen hipervínculos para acceder a ellos. Esto significa que si aparecen en la página web de la PNT pero los hipervínculos para consultarlos están sin funcional.

Un problema mayor radica en que cuatro contratos celebrados entre 2020 a 2022 (uno con el INEGI en 2020⁴⁰, otro con la Universidad Tecnológica de Nayarit en 2021⁴¹, otro y dos con la Secretaría del Bienestar 2021-2022⁴²), fueron firmados por la empresa Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional, S. de R.L. de C.V. donde el capitán Munguía aparece como representante legal y accionista⁴³. La particularidad de esta empresa es que se constituyó 2022 en Tepic, y desde entonces no ha tenido otro movimiento mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que los accionistas deben sesionar al menos una vez al año para establecer el balance general de la empresa, nombrar nuevos apoderados o consejeros, nombrar y remover gerentes entre otras⁴⁴. Lo anterior hace especular sobre la existencia real de la empresa del capitán Munguía.

Para agravar el panorama, tres de los cuatro contratos celebrados por Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional fueron firmados cuando la empresa no se había dado de alta legalmente. Es decir, formalmente no existía. Noé Munguía Patricio a través de su persona o esta empresa aparece con más 221 contratos en la PNT desde 2018 a 2024 por $84.4 millones MXN, 203 de estos contratos los obtuvo con alguna institución federal. El CICA sólo pudo examinar 20 contratos públicos.

Tabla 2 — Contratos públicos corroborados de Noe Munguía Patricio entre 2020-2024

Contratos	Monto	Instituciones	Servicio prestado	Periodo
3	$6,859,138.47	INEGI	Vigilancia	Enero 2023 adiciembre 2024
1	$678.904.24	Diconsa-SEGALMEX	Vigilancia	Marzo a diciembre 2024
6	$660,851.87	Secretaría del Bienestar	Vigilancia	Julio 2020 a junio 2021
1	$650,320.40	Universidad Tecnológica de Nayarit	Vigilancia	Enero a marzo 2020
2	$464,734.28	Universidad Tecnológica de la Costa de Nayarit	Vigilancia	Julio de 2020 a junio de 2021
5	$365,770.30	INE	Vigilancia y limpieza	Enero a diciembre 2024
1	$260,304.00	Tribunal Superior Agrario (sede Nayarit)	Vigilancia	Febrero a marzo de 2021
1	$250,838.40	Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Nayarit	Vigilancia	Junio a septiembre 2021

Fuente: elaboración propia con datos de la PNT, mayo 2025.

De acuerdo con su currículum vitae, Noé Munguía trabajó en la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tepic, Nayarit, del 1 de diciembre de 2014 al 1 de septiembre de 2017, desempeñando funciones administrativas, operativas y de asesoría legal. En 2018, se desempeñó como ayudante del presidente municipal de Tepic⁴⁵.

Durante ese periodo, diversos medios de comunicación reportaron que la policía municipal actuaba bajo las órdenes de Édgar Veytia, quien fue fiscal general de Nayarit y previamente secretario de Seguridad Pública de Tepic entre 2009 y 2011. Veytia, apodado “El Diablo”, ha sido señalado por su presunta participación en la desaparición forzada de decenas de personas y por operar una red de empresas fantasma utilizadas para obtener contratos públicos⁴⁶. Estas compañías habrían servido para lavar dinero proveniente del narcotráfico y sobornos, consolidando un esquema de corrupción vinculado al crimen organizado⁴⁷.

Hasta el momento, no se ha podido establecer un vínculo directo entre Noé Munguía y funcionarios subordinados a las órdenes de Édgar Veytia.

Conclusiones

• El análisis de los 136 contratos públicos analizado entre 2018 y 2024 revela un uso sistemático de la adjudicación directa: 129 contratos (92.1%) por más de $21.3 millones MXN se asignaron por esta vía, y otros 112 de 113 contratos de consultoría (99.1%) siguieron la misma práctica. Este predominio incumple el principio de libre competencia previsto en la LAASSP y coincide con las advertencias de la UNODC sobre la discrecionalidad y los riesgos de corrupción que genera la contratación sin licitación abierta.
• Tres aspirantes a jueces (Noé Munguía Patricio, Rafael Gutiérrez Guzmán y Patricia Sandra Vázquez Padilla) concentran alrededor del 64.2% del dinero adjudicado, $19.2 millones MXN. Los candidatos a cargos a jueces, siendo menos del 40% del padrón analizado, recibieron casi el 80% del dinero público total asignado. En contraste, los cinco aspirantes a ministros de la SCJN apenas suman $519 mil MXN. La combinación de montos elevados y pocos beneficiarios otorga ventajas logísticas y políticas que distorsionan la contienda judicial.
• La mayoría de los contratos provino de dependencias federales y organismos autónomos, que aportaron el 73.88 % del gasto y el 67.6 % de los contratos (92 adjudicaciones por más de $21.9 millones MXN). Destacan las entidades vinculadas a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que subraya la influencia de redes castrenses y portuarias en la asignación de recursos. Paralelamente, la desaparición del INAI, la inoperancia de CompraNet y la desactualización de la PNT han mermado los controles ciudadanos: hipervínculos rotos, formatos ilegibles y hasta 12 contratos duplicados dificultan el escrutinio público.
• Se identificaron irregularidades significativas en casos individuales. Noé Munguía firmó tres contratos antes de que su empresa de seguridad existiera legalmente y acumula 221 adjudicaciones en la PNT por $84.4 millones MXN, de las cuales el CICA solo pudo verificar veinte. Carlos Moreno Muñiz, por su parte, mantuvo simultáneamente empleos de tiempo completo en dos entes públicos de distintos estados, contraviniendo las reglas de exclusividad del Poder Judicial. Estos ejemplos ilustran fallas de control interno y posibles responsabilidades administrativas o penales.
• En términos temporales, 2021 fue el año con más contrataciones (32), pero 2024 concentró el mayor gasto: 22 contratos por más de $8 millones MXN, lo que sugiere una aceleración del uso del erario conforme se acerca la elección judicial del 1 de junio de 2025. Este aumento coincide con la opacidad institucional y acentúa los riesgos de captura de poder mediante recursos públicos. En conjunto, la combinación de adjudicaciones directas, concentración de recursos en pocos candidatos, vínculos con dependencias federales militarizadas y vacíos de información, plantean un escenario de alto riesgo para la integridad de la próxima elección judicial del sistema de impartición de justicia reformado de México.

«Este material fue elaborado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en México».

Referencias

¹ Elena San José, “El INE rechaza revisar las candidaturas judiciales impugnadas por el Congreso hasta después de las elecciones”, El País, 8 mayo 2025, https://elpais.com/mexico/2025-05-09/el-ine-rechaza-revisar- las-candidaturas-judiciales-impugnadas-por-el-congreso-hasta-despues-de-las- elecciones.html?utm_source=chatgpt.com.
² “Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, mayo 2025, https://archive.org/details/inai-pnt-14-mayo-2025.

³ “Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas: Evaluación legal en el Gobierno Federal, en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla sobre el cumplimiento del Artículo 9° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)”, UNODC, 2013, https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24174w/S13_transparencia.pdf.⁴“Junta de Gobierno”, INACIPE, mayo 2025, https://inacipe.fgr.org.mx/es/INACIPE/Junta_de_gobierno.

⁵“César Enrique Olmedo Piña”, Diálogos por la Justicia, 2025, https://dialogosporlajusticia.up.edu.mx/Dialogos- Candidatos/cesar-enrique-olmedo-pina.

⁶“Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, Op. Cit.

⁷ “Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional, S. de R.L. de C.V. M4. 19 de julio de 2022, Oficina Registral Tepic, Nayarit”, RPC-SIGER, 2022, https://archive.org/details/documento-13.

⁸“Transparencia para el Pueblo reemplaza al INAI e inicia operaciones”, Proceso, 12 mayo 2025, www.proceso.com.mx/nacional/2025/5/12/transparencia-para-el-pueblo-reemplaza-al-inai-inicia-operaciones- 350983.html.

⁹“ComprasMX, sustituto de Compranet, arranca con casi 1,000 contratos públicos”, La Silla Rota, abril 2025,

https://lasillarota.com/nacion/2025/4/19/asi-funciona-comprasmx-el-sustituto-de-compranet-532464.html.

¹⁰ “Sistema Conóceles para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación”, INE, mayo 2025,

https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx

¹¹ “Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, Op. Cit.

¹²“Transparencia para el Pueblo reemplaza al INAI e inicia operaciones”, Proceso, Op. Cit.

¹³“ComprasMX, sustituto de Compranet, arranca con casi 1,000 contratos públicos”, La Silla Rota, Op. Cit

¹⁴ “Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, Op. Cit.

¹⁵“1.3.3 Adjudicación directa (LOPSRM y LAASSP)”, Gobierno de México, 2017, www.gob.mx/buengobierno/acciones-y-programas/1-3-3-adjudicacion-directa; y, “Artículo 53 al 63 de Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, H. Congreso de la Unión, Op Cit.

¹⁶“Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, H. Congreso de la Unión, Op Cit.

¹⁷ “Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, Op. Cit.

¹⁸Ibid.

¹⁹ “Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas: Evaluación legal en el Gobierno Federal, en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla sobre el cumplimiento del Artículo 9° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)”, UNODC, Op. Cit.
²⁰“Junta de Gobierno”, INACIPE, Op. Cit.

²¹“César Enrique Olmedo Piña”, Diálogos por la Justicia, Op. Cit.

²² “DECRETO por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Presidencia de la República, Diario Oficial de la Federación (DOF), julio 2021, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623945&fecha=14/07/2021#gsc.tab=0.

²³“SCT efectúa traspaso de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a SEMAR”, SEMAR, 2021, https://www.gob.mx/semar/prensa/sct-efectua-traspaso-de-la-coordinacion-general-de-puertos-y-marina- mercante-a-semar

²⁴“Currículum Vitae de Rafael Gutiérrez Guzmán”, Conóceles-INE, mayo 2025, https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/53374/11.

²⁵“Currículum Vitae de Patricia Sandra Vázquez Padilla”, Conóceles-INE, mayo 2025, https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/55363/11.

²⁶ “Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA,
²⁷“Currículo Vitae: Emilio Román Egea Esquivel”, Conóceles-INE, mayo 2025, https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/52979/11.

²⁸Mientras Egea Esquivel representó al Conapred en temas de discriminación y derechos humanos, también fue representante de amparo legal, civil, mercantil y penal de las empresas Draco Ingeniería, S.A. de C.V.; Opción Fiduciaria, S.A. de C.V.; Vista Panamá, S.A. de C.V.; Balderas 136, S.A. de C.V. y Banca Mifel, Grupo Financiero, entre otras empresas. En: “Currículo Vitae: Emilio Román Egea Esquivel”, Conócelo-INE, Op. Cit.

²⁹“Artículo  121  Fracción  XXX:  Vigentes  hasta  2023”,  Poder  Judicial  de  la  CDMX,  mayo  2025,

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/121_2.

³⁰“Currículum Vitae de Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz”, Conóceles-INE, mayo 2025, https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/53451/10.

³¹“Currículum Vitae de Carlos Alejandro Moreno Muñiz”, Conóceles-INE, mayo 2025, https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/54509/11.

³²Ibid.

³³Ibid.

³⁴ “Condiciones Generales De Trabajo De Los Servidores Públicos A Cargo Del Consejo De La Judicatura Federal”, Poder Judicial de la Federación, mayo 2025, https://www.pjfsindicato.org.mx/files/documentos/cgtcjfold.pdf.

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

³⁷“Currículo Vitae: Noe Munguía Patricio”, Conóceles-INE, mayo 2025, candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/54077/11.

³⁸“Base de datos de contratos públicos vinculados a personas candidatas a un cargo en la elección del Poder Judicial del 1 de junio 2025”, CICA, Op. Cit.

³⁹“Contrato S.A.F.D.G.A. 001-2021”, SAF, 2021, https://almacen- saf.nay.gob.mx/index.php/s/2PLFJwjB5kKXTcS#pdfviewer.

⁴⁰“INEGI D.R.O. C.E. NAY 09/2022”, INEGI, 2022,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/transparencia/inai/xxviii/dr_occidente/doc/a/429_noem.pdf.

⁴¹ “Contrato No UTNAY-001/2020”, UTNAY, 2020,

https://utnay.edu.mx/files/transparencia/fraccion_28/1588189920.pdf.

⁴²“SEDEBIEN/NAY/VIG/AD/02/2021”, SEDEBIEN, 2021,

https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Fracciones/XXVIII/Delegaciones/Nayarit/SEDEBIEN_NAY_VIG_AD_02_ 2021.pdf;

y, “SEDEBIEN/NAY/VIG/AD/01/2022”, SEDEBIEN, 2022,

https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Fracciones/XXVIII/Delegaciones/Nayarit/SEDEBIEN_NAY_VIG_AD_01_ 2022.pdf.

⁴³ “Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional, S. de R.L. de C.V. M4. 19 de julio de 2022, Oficina Registral Tepic, Nayarit”, RPC-SIGER, Op. Cit.

⁴⁴“Ley General de Sociedades Mercantiles”, H. Congreso de la Unión, 2025,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSM.pdf

⁴⁵Ibíd.

⁴⁶Pablo Ferri, “Edgar Veytia, ‘El Diablo’ desaparecióEdgar Veytia, ‘El Diablo’ desapareció”, El País, marzo 2025,

https://elpais.com/mexico/2025-03-10/edgar-veytia-el-diablo-desaparecio.html

⁴⁷“United States of America vs Genaro García Luna. Case 1-19-cr-00576-BMC Document 235 Filed 031423_123119851815”, United States District Court Eastern District of New York, 7 febrero 2023, https://archive.org/details/case-1-19-cr-00576-bmc-document-235-filed-031423-123119851815-edgar-veytia.